RoboCop; lo políticamente correcto

¿De verdad es necesario que cuente el argumento de esta película? No, ¿no? Desde luego que no. Y es que si alguien no sabe de qué va RoboCop, es indigno de pasearse por estas líneas. Es broma, aquí os aceptamos a todos. Este film daría para muchos comentarios y muchas páginas. Es una de esas películas que realmente dan sentido a la ciencia ficción, entendiendo por tal el género cinematográfico de la especulación racional, y que no sólo se permite elucubrar sobre el futuro sino que además acierta. Según la todopoderosa Wikipedia, en RoboCop se tratan temas diversos como la manipulación mediática, la gentrificación (curioso concepto), el capitalismo, la naturaleza humana,… Nosotros nos quedaremos con la corrupción.

No obstante, ahora no os indignéis, nuestros queridos y snobs filawsofienses, imaginando que vamos a seguir trillando el tema como se ha hecho hasta hoy. No vamos a hablar de sobres, sobornos ni políticos, tranquilos. Vamos a planear sobre otra vertiente de la corrupción, la de la moral social. ¿Y es que acaso la pregunta más inminente al salir de la sala de cine no sería “podría existir RoboCop en nuestro mundo”?

Algún filaw-listillo dirá: “eso dependerá del estado de la ciencia”. Cierto, pero cuando hablamos de poder (esto merece un inciso lingüístico) debemos elogiar la superioridad del lenguaje germano sobre el español (sólo en este aspecto concreto, en muchos otros les damos una lección) al hacer aquél la distinción entre kann y darf. “¿Puedes invitarme a un café?”, “Poder puedo (kann), pero no tengo obligación de hacerlo (darf)”. Pues eso, no nos referimos a que RoboCop pueda existir de facto, sino si un ente como ese sería compatible con una sociedad como esta (musicalmente, encontrarnos con un policía así sería algo así como el “¿qué hace una chica como tu en un sitio como este?”).

De los 121 minutos de duración, pongamos que con los últimos 21 tiene tiempo de sobra para eliminar de un plumazo, por decirlo suavemente, la corrupción existente en su departamento de policía y en parte del estamento gubernamental de su área. Increíble cuanto menos. ¿De verdad creemos que un proyecto así sería plausible? ¿Aceptaría la clase política someterse a semejante escrutinio? ¿Lo aceptaríamos los ciudadanos? Quizá no fuéramos capaces, como sociedad, de aceptar una realidad así (en el caso de que verdaderamente hubiera corrupción en nuestro sistema, cosa que no afirmamos). Personalmente, parece que algo así no sería viable.

De lo anterior, surgen otras dos cuestiones no menos polémicas: en primer lugar, ¿cuál es el alcance del concepto “corrupción”? Por otro lado, el hecho de poder resolver rápidamente cualquier caso, ¿legitimaría tamaña intromisión en nuestra intimidad? Respecto de la primera cuestión, el Código Penal español ofrece dos opciones: (i) la corrupción entre particulares, prevista en el reciente artículo 286.bis, que la define como “un beneficio o ventaja de cualquier naturaleza no justificados para que le favorezca a él o a un tercero frente a otros” y (ii) el cohecho, del artículo 419 del mismo Código, que frena al funcionario público de “que, en provecho propio o de un tercero, recibiere o solicitare, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor o retribución de cualquier clase o aceptare ofrecimiento o promesa para realizar en el ejercicio de su cargo un acto contrario a los deberes inherentes al mismo o para no realizar o retrasar injustificadamente el que debiera practicar“. En otras palabras, en la corrupción subyace la idea de no hacer lo que es debido. Pero lo que le es debido al cargo. Según qué postura iusfilosófica adoptemos, los límites serán cada vez más difusos. Desde un punto de vista utilitarista, especialmente. En ocasiones, hacer lo que es debido consiste en ensuciarse las manos desde un punto de vista moral para conseguir beneficios largoplacistas. No es que el fin justifique siempre los medios, pero sí los justifica a veces. Es muy sencillo afirmar que cierto contrato no hubiera debido celebrarse o que cierto beneficio no se debería haber concedido, pero a veces debe reconocerse la utilidad de dicha actuación, por torticera que parezca prima facie. Acogiéndonos a una filosofía más kantiana, un pensamiento que a veces resulta muy idílico pero a la vez muy inocente, sería fácil discernir lo bueno de lo malo y se podrían enjuiciar fácilmente aquellas conductas moralmente reprobables. Sin embargo, si ponemos los pies sobre la tierra, podrá ser complicado no entender que hacer lo debido y buscar el máximo beneficio para el mayor número de personas no sean conceptos que viajen cogidos de la mano. Según esto, ¿qué es hacer lo debido y hasta dónde lo podemos legitimar? Hay situaciones en las que puede existir un interés general al que la manera más fácil de llegar sea a través de la satisfacción de otros beneficios mucho más particulares, ¿no quedaría en esos casos justificado? Una actuación así podría considerarse o bien muy estratega o bien muy deshonrosa; el problema está en que raramente se procede realmente en pro de un bien común.

Por lo que respecta al segundo punto, la inmiscusión en nuestra vida íntima, cualquier opinión que se pueda ofrecer no dejará de ser nunca una opinión personal. Cada uno deberá ponderar (sí, deberá, porque es hacia ese debate hacia donde nos conducen las nuevas tecnologías) diferentes criterios morales para decidir su punto de vista. ¿Prefiero vivir en un mundo seguro pero hipercontrolado o en uno sin tanta vigilancia pero con menos seguridad? ¿Libertad o seguridad? Probablemente cuál sea nuestra concepción sobre la naturaleza del ser humano haga decantar nuestra balanza moral hacia uno u otro lado. ¡Pero tranquilos! Lo genial de la democracia es que nos permite delegar en otros la tarea de pensar. Sólo nos queda sentarnos a esperar mientras la televisión nos llena cualquier otro vacío emocional.

En conclusión, RoboCop sería paradójicamente un ser políticamente incorrecto por ser demasiado políticamente correcto, ya que parece que todos queremos justicia, pero que en lo más profundo de nosotros reside una gran parte de injusticia. Por ello la mítica frase “quien esté libre de pecados que tire la primera piedra“. En este sentido, os enlazamos aquí un artículo interesante de otro blog sobre por qué tenemos lo que tenemos, cosa que viene muy a cuento con la corrupción y la política. ¡Sed felices!

Anuncios

Artículo 363 LSC; la paralización de los órganos sociales

La semana pasada, mientras estudiábamos los preceptos a los que debíamos acogernos para poder pedir la disolución judicial de una sociedad, pusimos someramente nuestra atención sobre lo que la Ley llama “paralización de órganos sociales”. Las preguntas inmediatas y lógicas fueron: ¿qué significa esto y qué lo genera?
Para ubicarnos legalmente, nos remontaremos al artículo 363 de la LSC, que establece como causa de disolución, entre otros casos, “(…) 4. La paralización de los órganos sociales de modo que resulte imposible su funcionamiento“. Y así, volviendo a la cuestión principal, ¿cuándo consideraremos que el órgano social de una sociedad está impedido? No esperéis una respuesta exacta, absoluta y general a esta pregunta, ya que la casuística de las diversas situaciones con las que nos podemos encontrar lo hacen imposible. Sin embargo, antes de que el desánimo os impulse a cerrar el blog, os vamos a señalar los puntos a tener en cuenta principalmente:

  1. Órganos sociales susceptibles de sufrir dicha paralización: podríamos iniciar un debate interesantísimo, sobre el que ya hay vasta literatura, sobre cuál es el verdadero órgano social de una empresa, sobre dónde se toman efectivamente las decisiones en una compañía, sobre quién, en resumidas cuentas, tiene el poder y el control en una sociedad. Pues en principio, y aunque el precepto induzca a confusión al referirse a “órganos” en plural, se exige que la paralización afecte a la Junta General. En este sentido se pronuncian sentencias como la SAP Barcelona de 30 de abril de 2009, afirmando que “aunque se mencione en plural a los órganos sociales, propiamente es la paralizacióN de la Junta de socios, derivada de la imposibilidad de adoptar acuerdos sociales, la que puede provocar esta causa de disolución”. Por lo tanto, ¿qué pasa si estamos ante una paralización del órgano de administración? La regla general es que no se puede alegar una paralización en el órgano de administración como causa de disolución, porque “en definitiva, la eventual, la eventual inactividad del órgano de administración siempre puede ser eliminada por el órgano deliberante, que es a quien corresponde la facultad de nombrar y cesar a los administradores. Si la junta no es capaz de terminar con las dificultades operativas del órgano de administración, habrá que estimar que la paralización afecta, en realidad, a la junta general” (SAP Salamanca de 25 de noviembre de 2002). No obstante, toda regla general tiene sus excepciones, y en este caso la encontramos en aquellas circunstancias cuando la sociedad está formada por socios a partes iguales, los cuales son también administradores mancomunados y existe un enfrentamiento radical entre ellos, de forma que es imposible tomar ningún tipo de decisión, quedando así paralizado el órgano de administración (STS 25 de julio 1995, 7 de abril de 2000, 20 de julio de 2002, 4 de noviembre de 2000 y 11 de mayo de 2006, entre otras). “En cualquier caso, en el presente caso, al existir dos administradores mancomunados, y en contra del criterio de la parte demandada, podría darse también una paralización del órgano de administración, al no ser posible el consenso de ambos, dado que la relación es difícil, pues cada uno representa a uno de los socios” (Sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Cádiz de 23 de abril de 2007). Aún así, habrán muchas voces que puedan seguir aduciendo que, en última instancia, la paralización sigue afectando aquí a la Junta.
  2. Requisitos de la “paralización”: resulta que no hay un mínimo de meses ni de años para que la sociedad inmovilizada incurra en esta causa de disolución. Lo que sí se deja claro en la jurisprudencia es que la paralización debe ser (i) definitiva, y significar, en última instancia, (ii) una imposibilidad de realizar el fin social. Como ejemplo, citar las siguientes sentencias: según la SAP Pontevedra de 4 de febrero de 2013, “viene a señalar la doctrina que para la apreciación de su concurrencia no basta cualquier dificultad en el funcionamiento de la sociedad sino que se requiere que la paralización sea de tal naturaleza que resulte imposible su desenvolvimiento, al punto de no deber reputarse causa de disolución la existencia de meras dificultades u obstáculos transitorios, superables o vencibles, y, por ende, susceptibles de determinar tan solo una paralización temporal de los órganos sociales de la entidad, sino que ha de tratarse de una imposibilidad persistente o permanente, que tenga carácter absoluto o definitivo”. Por su parte, la SAP Salamanca de 25 de noviembre de 2002 dispone que “ciertamente señala la doctrina que para que se pueda percibir la existencia de esta causa de disolución no es suficiente con que se produzca una paralización momentánea de los órganos sociales. El precepto es muy claro al establecer que la paralización de los órganos de la sociedad ha de, <<ser de tal naturaleza que resulta imposible su funcionamiento>>. Ha de tratarse, pues, de una paralización permanente e insuperable; en cierto modo, de una <<imposibilidad manifiesta de realizar el fin social>>.

Pese a esos pronunciamientos, basta con acreditar una enemistad o enfrentamiento manifiesto dentro del órgano social para que se constate la imposibilidad de funcionamiento de la sociedad, abocando a la misma a su disolución, ya que lo verdaderamente relevante es la situación objetiva de paralización. Apunta al respecto la SAP de Barcelona de 4 de diciembre de 2009, que “es necesario que esta situación se haya puesto de manifiesto de forma clara” y que “las circunstancias concurrentes pongan en evidencia que ello no es un hecho puntual sino que esta situación presumiblemente se prolongará en el tiempo”.
Otros supuestos subsumibles en esta causa de disolución serían (i) la imposibilidad de alcanzar el quórum de asistencia a la junta, por haber establecido los estatutos uno muy elevado; y (ii) la imposibilidad de alcanzar las mayorías establecidas para la adopción de los acuerdos sociales.
Por tanto, y pese a que se ha venido exigiendo que la paralización fuera definitiva e insuperable, lo cierto es que la disolución no debe esperar a la completa paralización de los órganos sociales, bastando constatar la existencia de un conflicto corporativo que ponga inmediatamente en peligro la economía de la sociedad y que afecte principalmente a la junta general o, excepcionalmente, al órgano administrativo.

Artículos 6 a 10 LM; las prohibiciones relativas.

Como en su día nos enseñase Einstein, todo es relativo (salvo la velocidad de la luz). Estas semanas hemos estado viendo aquellos signos que no podían constituir una marca por incurrir en eso que despóticamente se ha llamado prohibiciones absolutas. Pero para quienes estas trabas, o garantías según el ojo que lo mire, para obtener un derecho de marca les parezcan pocas, ¡enhorabuena! la LM preve algunas más: las prohibiciones relativas. Son un segundo filtro, una vez superadas las prohibiciones absolutas, que pretende garantizar otros derechos concedidos anteriormente: a saber, evitar que el registro de una marca vulnere otros derechos adquiridos por terceros. A diferencia de las prohibiciones absolutas, que se encontraban enumeradas en un solo artículo (el artículo 5 LM), las relativas abarcan los artículos 6 a 10 de la LM. Todas ellas son de aplicación general excepto la última (sí, en efecto, la del artículo 10), que se aplica exclusivamente a agentes o representantes. ¡Empecemos!

–  Riesgo de confusión o asociación con una marca o nombre comercial anterior (artículos 6 y 7 LM). Comenzando por el final, como buenos políticos que podríamos ser, con “anterior” la Ley se refiere a marcas tanto ya registradas como a las que tengan solicitado su registro pero aún no lo estén. Igualmente, podrán ser bien (i) marcas nacionales concedidas por la OEPM, (ii) marcas internacionales que surtan efectos en España, o bien (iii) marcas comunitarias concedidas por la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI).

1.  El artículo 6 contempla el riesgo de confusión con una marca anterior, que existirá si se da identidad o similitud entre los signos distintivos y entre los productos o servicios con ellos designados. Si hay absoluta identidad en los dos elementos (signos y productos o servicios), el riesgo de asociación y confusión se presume iuris et de iure, mientras que si hay mera similitud en algunos de los elementos o en ambos, el riesgo de asociación y confusión se presume iuris tantum, sometiéndose a la libre apreciación de los tribunales. El Tribunal General, en su Sentencia de 13 de junio de 2011, confirmó la denegación de registro de la marca comunitaria “my drap” para tejidos, servilletas, toallas y manteles de materiales textiles, por existir riesgo de confusión con la marca comunitaria anterior “Bob drap” para esos mismos productos.

2.  El artículo 7 se refiere al nivel de asociación con un nombre comercial anterior, entendido éste como el signo distintivo de la empresa, que la identifica y que sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares. Ambos, nombre y marca, deben designar servicios iguales o similares. Al igual que ocurre con el supuesto anterior, en caso de absoluta identidad entre ambos, habrá una presunción iuris et de iure; si, por el contrario, hay una mera similitud, la presunción de asociación será iuris tantum. Como ejemplo, tenemos la STS de 1 de octubre de 2009, por la que se concede la marca “P. VIDAL DE LA PEÑA” con el nombre comercial oponente “VIDAL DE LA PEÑA” porque “la diferencia de los productos y servicios designados con cada una impiden confusión en el mercado pese a la similitud denominativa“.

–   Marcas notorias y renombradas (artículo 8 LM): se prohíbe el registro como marca “de un signo que sea semejante a una marca o nombre comercial anteriores aunque se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a los protegidos por dichos signos anteriores, cuando por ser éstos notorios o renombrados en España, el uso de esa marca pueda indicar una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y el titular de aquellos signos, o, en general, cuando ese uso, realizado sin justa causa, pueda implicar un aprovechamiento indebido o menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dichos signos anteriores“. Son supuestos especiales que se caracterizan por su difusión, obteniendo por el ordenamiento un plus de protección.

1.  La marca notoria está caracterizada por ser una marca muy conocida sólo en el sector del mercado al que van dirigidos los productos o servicios designados con ella o en sectores relacionados. Por ello, el ordenamiento le confiere un plus de protección que consistirá en la prohibición de signos iguales o similares para designar productos iguales o similares o designar productos diferentes si van destinados a sectores idénticos o relacionados. Esta superprotección se matizará en función del grado de difusión de la marca. Como ejemplo, la STS de 23 de junio de 2009, por la que se deniega la inscripción de la marca “MG” con un gráfico por incompatibilidad con la marca notoria en los ámbitos de producción y distribución “MGM”. Ambas designaban productos de idéntica clase y, además, se apreciaba un beneficio o aprovechamiento indebido de la marca notoria.

2.  La marca renombrada, por su parte, es conocida generalmente por todo el público sin excepción. Aquí la superprotección es mayor que en la notoria, pues el titular de la marca tiene el derecho de uso exclusivo con carácter absoluto respecto de todos los productos o servicios, tanto los similares como los completamente diferentes. Entrarían en este supuesto marcas como “COCA COLA” o “El Corte Inglés”, por ejemplo.

Con esta prohibición del artículo 8, se quiere evitar un aprovechamiento indebido, que parte de la utilización por parte de un tercero de un signo similar al notorio o renombrado para sacar ventaja de su carácter distintivo. Además, el artículo nos habla del menoscabo producido en dos aspectos: (I) en la notoriedad del nombre, cuando los servicios o actividades designadas con ese signo “copiado” no estén a la altura de los amparados por las marcas notorias o renombradas; y (II) en el carácter distintivo, que ocurrirá cuando “como consecuencia del uso de la marca posterior se ha producido una modificación del comportamiento económico del consumidor medio de los productos o servicios para los que se registró la marca posterior o existe un riesgo serio de que tal modificación se produzca en el futuro” (Sentencia Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (STJCE) de 27 de noviembre de 2008).

–   Uso como marca de los signos distintivos de la persona física (artículos 9.1.a, 9.1.b y 9.2) y jurídica (artículo 9.1.d).

1.  Persona física: Conforme al artículo 9.1.a., no podrá registrarse como marca sin autorización el nombre, apellido o imagen de una persona distinta al solicitante. El 9.1.b. hace referencia al nombre, pseudónimo o apellido que para la generalidad del público indica una persona distinta al solicitante (por ejemplo, si el solicitante se llamase Manolo Escobar). Ésta es la única prohibición relativa que la Oficina Española de Patentes y Marca (OEPM) examina de oficio, pues las demás las realiza a petición de alguna persona interesada. Finalmente, el artículo 9.2. LM prohíbe incluso el registro del propio nombre del solicitante, apellido o pseudónimo cuando éste concurre en otra prohibición (i.e.: la solicitante se llama Julia Prieto y ya hay una registrada como tal).

2. Persona jurídica: Conforme al artículo 9.1.d., no podrá registrarse como marca el signo idéntico o similar a una denominación o razón social que, antes de la fecha de solicitud de registro de la marca, ya estaba siendo usada. Ha de existir un riesgo de confusión en el público al ser idénticos o similares tanto los signos que la constituyen como su ámbito de aplicación. El interesado que alegue esta prohibición deberá probar el pre-uso del signo.

–  Signos registrados en España por agentes o representantes de un tercero quien, a su vez, es titular de dicho signo en otro estado miembro del Convenio de la Unión de París (CUP) o de la Organización Mundial del Comercio (artículo 10 LM): Se intenta poder evitar una práctica inaceptable cometida por los agentes, representantes, comisionistas o cualquier persona o profesional que, teniendo algún tipo de relación comercial con un tercero titular de una marca en un país miembro del CUP o de la Organización Mundial del Comercio, presentase en España esa marca como solicitud a su nombre. La SAP Granada de 11 de abril de 2005, aclara que “el enunciado del artículo 10 (agente o representante de un tercero) no puede ser interpretado de manera restrictiva, pues tales figuras aparecen recogidas en la norma de manera ejemplificativa, y no exhaustiva, teniendo cabida en la misma otras relaciones contractuales, como la de distribución en exclusiva, a las que le son de aplicación la misma finalidad de la norma. Esta no es otra que evitar, faltando a las reglas de la buena fe contractual y con aprovechamiento de la marca de un tercero, que alguien registre en España una marca titularidad de una tercera persona a la que estaba vinculado por una especial relación contractual relativa al ejercicio de los derechos de esa marca y que conoce la falta de inscripción de la misma“.

Y con esto terminamos las prohibiciones fijadas en la Ley de Marcas. Espero os haya resultado ilustrativo, ¡hasta la próxima!

Un ciudadano ejemplar; un castigo ejemplar

Esta película co-protagonizada por el espartano Gerard Butler y el desencadenado Jamie Foxx narra la triste historia de un hombre que, tras sufrir la pérdida de mujer e hija a manos de dos ladrones de poca monta, lo único que busca en su vida es justicia… ¿O tal vez sólo venganza? Butler, ex fuerzas especiales americano, sigue con atención el juicio a ambos susodichos, un proceso torticero y con un final demasiado suave para quien ha visto con impotencia cómo le arrebataban el último suspiro de sus seres más queridos.

Total, que Leónidas aúlla por su dolor y jura venganza contra los criminales y el sistema que los liberó. Y, como lo prometido es deuda, empieza a eliminar a todos y cada uno de los involucrados en el proceso con el objetivo de destruir algo que, por su corrupción, ya no era susceptible de ser considerado Poder Judicial.

La primera cuestión que me viene a la cabeza es la de si realmente nuestros tribunales están tan desprestigiados como se insinúa. ¿Rige, como se supone, el principio de independencia judicial? En cualquier caso, ¿cómo se conjuga éste con la figura del indulto? ¿Hasta qué punto somos todos iguales ante la Ley? Me pregunto, por ejemplo, si condenar a alguien como la Infanta sería posible y, en su caso, cómo afectaría esto al conjunto del Estado y a sus instituciones. Igualmente, ¿cómo podemos confiar en un poder no independiente, a diferencia de lo que promulgaron Montesquieu, Locke, etc., sino sometido a presiones del Poder Ejecutivo a través del Tribunal Constitucional (que, en definitiva, impone lo que es correcto y lo que no en Derecho) y del Consejo General del Poder Judicial, entre muchas otras?

Hay otro aspecto que me preocupa igual o más que el anterior y que trataré de resumir. Tiene que ver con la disociación entre Derecho Natural (según la época histórica, Derecho Divino) y Positivo. En síntesis, el Natural es aquella entelequia a la que llegamos como seres morales, y el Positivo son únicamente las normas traspuestas al ordenamiento jurídico (obviamente, el Derecho Natural tiende a positivizarse, y como gran ejemplo tenemos la Carta de Derechos Humanos). Para el personaje de Gerard Butler, la justicia hubiese consistido en la pena de muerte, solución factible en los Estados Unidos. En contra de ésta (que por cierto viene muy a colación debido a la próxima modificación de nuestro Código Penal español, con la que presumiblemente se introducirá la Cadena Perpétua Revisable), mucha gente habla del famoso derecho a la vida, que no es más que un derecho moral o natural, argumentando que el Estado debe proteger a sus ciudadanos ante todo, negándosele toda capacidad de ejercer violencia o matar a quienes viven en él. Posición que, aunque lógica, se respalda completamente en un deber ser que puede interpretarse de mil formas distintas. Gerard Butler desafía este sentir colectivo con uno mucho más profundo y humano: la ley del Talión. Un ejercicio muy importante que deberíamos hacer ahora sería reflexionar con nuestro fuero más interno, ponernos en la situación que aquí se describe, y pensar qué sería para nosotros justicia: ¿unos años de cárcel o la vida? ¿Perdonamos, o hay cosas que no se pueden olvidar? Entonces, ¿por qué algunos Estados, al erigir su potestad punitiva, deciden dejar de lado este sentimiento tan humano por proteger otro derecho tan ideal? La respuesta más sencilla consiste en argumentar que el Estado, a través del Derecho, debe ser ‘superior’ a la comunidad que protege. Por ello, la pregunta a la que no encuentro respuesta es si resulta que somos una sociedad hipócrita (“yo lo haría, pero de cara a los demás digo lo contrario y por eso niego que el Estado pueda matar”), o si bien el Estado garante está de facto por encima de nuestra razón moral.

En la Facultad de Derecho hemos debatido recientemente dos autores contemporáneos que han intentado aunar en un sólo concepto positivista las implicaciones de la moral social: son Hart y Füller. El primero, habla de un contenido mínimo de Derecho Natural dentro del Positivo en el momento de su creación. Es interesante porque, a partir de la asunción de que todo ser viviente tiende a la supervivencia, podremos definir lo que es bueno o malo según la asegure o no. El segundo, por su parte, habla de una moralidad interna del Derecho, creyendo que el sistema será justo en tanto asegure ocho elementos para él determinantes (generalidad, claridad, irretroactividad, coherencia, publicidad, posibilidad de cumplimiento, estabilidad de las normas y congruencia entre las normas y su aplicación). Más allá de esto, sería iluso y hasta peligroso concebir hoy en día la influencia moral en el derecho con una graduación superior a la que proponen estos filósofos. Esto nos sitúa en otra encrucijada: ¿cómo limitar la influencia de conceptos morales en el entendimiento de la justicia? Seguramente ello sea imposible, aunque muchos han trabajado en este campo. O visto de otra forma, ¿cómo definimos y concretamos estos conceptos etéreos? Todos tenemos derecho a la vida, pero, ¿hasta qué punto? Por ejemplo, tras un naufragio, ¿sería legítimo que, con base en la supervivencia, uno de los del bote salvavidas, el más débil, fuera sacrificado en pro del resto de la tripulación? Situaciones en las que se pone en duda esta afirmación absoluta hay muchas y, aunque no nos atrevemos a poner unos límites, está claro que no debemos tomarnos el como si como una verdad sine qua non.

 

 

 

 

 

Venezuela, “1984”. Cuando la realidad iguala la ficción.

Las antiguas civilizaciones sostenían basarse en el amor o en la justicia. La nuestra se funda en el odio. En nuestro mundo no habrá más emociones que el miedo, la rabia, el triunfo y el autorebajamiento.
George Orwell (1984)

La novela “1984” nos traslada a un Londres sumido en un régimen totalitario que está dirigido por un único omnipotente y omnipresente aparato político, el Partido. En este mundo orwelliano, la población -especialmente, los ciudadanos de clase media, y dentro de ésta, los burócratas- es víctima de constantes lavados de cerebro que arrancan el sentido crítico de las personas y las aplatanan para que acepten la opresión, la vulneración de sus derechos y libertades y los sinsentidos y contradicciones del Partido. Con un férreo control físico y sobre todo psicológico, el Partido naturaliza la represión y la vigilancia hasta tal punto que la población cree que el status quo es lo natural y deseable. 1984 narra las peripecias de Winston Smith, un sagaz funcionario que abre los ojos y ve que durante toda su vida ha sido una marioneta del régimen.
En su novela, Orwell lleva al extremo el modus operandi de los regímenes dictatoriales, y lo hace hasta tal punto que parece que las estrategias políticas empleadas por el Partido sean pura ciencia-ficción. No obstante, leyendo la obra se pueden encontrar bastantes similitudes con la dictadura leninista, o con la que actualmente están viviendo en Corea del Norte.
Pero como veremos a continuación esas prácticas de control descritas por Orwell no son utilizadas exclusivamente por dictaduras descaradas, pues existen pasajes emblemáticos de la novela que bien podrían estar haciendo referencia a la situación actual de países con una más que dudosa democracia, como es el caso de Venezuela.

Los descontentos producidos por esta vida tan seca y poco satisfactoria son suprimidos de raíz mediante la vibración emocional de los Dos Minutos de Odio
Este fragmento de 1984 se refiere a los Dos Minutos de Odio, momento en el que se retransmiten en enormes pantallas imágenes y vídeos de Goldstein, un personaje declarado enemigo público y acusado de conspirar contra el Partido y contra el Gran Hermano. El objetivo de esta rutina diaria es que la gente focalice y descargue contra Goldstein la frustración provocada por la represión y la mala praxis del Partido, y desviar así su atención de los verdaderos problemas del país.
La búsqueda de un chivo expiatorio es una manía de la que pecan la mayoría de gobiernos. En Venezuela, Hugo Chávez no se cansaba de presentar a Estados Unidos y a los “gringos capitalistas” como el enemigo público número uno del país y fuente constante de los problemas, cuando en realidad el origen de los mismos se encontraba y se sigue encontrado en territorio nacional -concretamente en el Palacio de Miraflores. ¿Ejemplos recientes de esta técnica culpa-de-todo-a-tu-enemigo? Que Nicolás Maduro culpara públicamente a Estados Unidos de la crisis económica de Venezuela, de la violencia juvenil -en este caso, el culpable es Spiderman-, o incluso de la muerte del Comandante.
Con Estados Unidos como enemigo público, el gobierno venezolano consigue cierta estabilidad social, evita revueltas y desvía la atención de los verdaderos problemas que sufre Venezuela: la violación de la libertad de expresión del pueblo mediante una censura sistemática, la corrupción que impide el ejercicio igualitario de derechos como el acceso a la justicia, la expropiación injustificada de empresas extranjeras que desincentiva la inversión en el país o el racionamiento de las divisas que provoca un desabastecimiento de materiales esenciales como el papel.
Por tanto, este ensañamiento contra Estados Unidos, así como su otra cara de la moneda, la victimización de Venezuela, no es más que una bomba de humo para cegar y confundir a los oyentes de Maduro. Y es que si creas un enemigo, harás que el pueblo necesite un protector. Desgraciadamente, en este caso el protector es en realidad el verdugo.

Al final, el Partido anunciaría que dos y dos son cinco y habría que creerlo
Los gobiernos totalitarios tienden a reescribir la realidad según les convenga y a sustituirla por sus propias verdades diseñadas a medida. Y poco importa lo surrealistas e inverosímiles que parezcan, pues sin un contrapoder fuerte y organizado y sin medios de comunicación libres y neutrales, se amputa el sentido crítico de los ciudadanos y se les ahoga en el miedo, dejándoles incapaces de contrastar la veracidad de la propaganda política. En estas situaciones, es fácil que el instinto humano de adaptación y de supervivencia social nos lleve a resignarnos e incluso a aceptar aquello que se nos diga.
No es ningún secreto que Maduro mantiene una política de censura y sanción contra los medios de comunicación contrarios a su gobierno. De hecho, la censura queda amparada por el sistema legal venezolano –la legislación es cuestión de interpretaciones- y el gobierno justifica la misma en el precepto 27 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, según el cual “en los servicios de radio, televisión y medios electrónicos, no está permitida la difusión de los mensajes que […] fomenten zozobra en la ciudadanía o alteren el orden público.”
Un ejemplo de lo anterior es el caso de Globovisión, cadena a la que se sancionó el pasado mes de octubre por informar sobre el desabastecimiento constante que padecen los ciudadanos en Venezuela, o la amenaza a los medios de comunicación que hizo el 11 de febrero de 2014 el Directorio de Responsabilidad Social en Radio y Televisión por la cobertura de las protestas en Venezuela.
De nuevo, la falta de acceso a información neutra sumada a los constantes bombardeos publicitarios del gobierno aturden el sentido crítico, y sin sentido crítico, puede llegar el día en el que los ciudadanos se vean forzados a creer que dos y dos suman cinco.

Hasta que no tengan conciencia de su fuerza, no se rebelarán, y hasta después de haberse rebelado, no serán conscientes. Ese es el problema
El letargo mental, el miedo y la corrupción me parecen tres de los factores más importantes que explican que gobiernos como el de Maduro se perpetúen en el poder.
En el caso de Venezuela, el primero porque algunos verdaderamente se creen las patrañas del gobierno; el segundo, porque los que no se las creen pueden estar asustados por las consecuencias materiales que podría acarrear su rebeldía; y el tercero, porque Maduro mima ciertos sectores para que le respalden, vitoreen y “legitimen”.
Como manifiesta Orwell en esa frase de su novela, es necesario que los venezolanos sean completamente conscientes de que el poder lo tienen ellos, y de que ellos son los que pueden echar al gobierno de su trono de impunidad. Pero es cierto que mientras que desde el exterior puede resultar fácil ver que hay una cúpula sobre Venezuela, para los que están dentro, distraídos por el gobierno y acostumbrados a las mentiras que resuenan, es más difícil darse cuenta y escuchar los gritos del exterior.
En mi opinión, el apoyo internacional y la generación de un debate que movilice con más fuerza al pueblo venezolano son herramientas vitales, de manera que se despierte el sentido crítico de los que se encuentran adormecidos en las mentiras de Maduro y que brinde coraje para que aquellos con miedo se levanten.
En una realidad idílica, 1984 sería una novela de ciencia-ficción, pero todos sabemos que el mundo dista mucho de ser justo y perfecto. No obstante, aunque como sucede en Venezuela el letargo mental, el miedo y la corrupción son grandes trabas en el camino, las últimas noticias muestran que muchos venezolanos están caminando, protestando para que se respeten sus derechos y se acabe con la impunidad, para que los medios de comunicación sean libres y neutros, para que la información pueda fluir en Venezuela, para que el cambio llegue a su culminación.

Un artículo de Sara-Mihoko Kamo Mora

Artículo 5 LM; Prohibiciones absolutas, parte I

Repasando lo que ya os explicamos en el artículo introductorio, las prohibiciones absolutas implican que una marca desafía los intereses públicos o generales (¡qué chungo!), impidiendo que la misma se pueda registrar. Teóricamente, el sistema de marcas no debería ser un obstáculo para el de libre mercado, sino que trataría de fomentar la libre competencia para evitar que la concesión de una marca dificultase a sus competidores el acceso al mercado (principios muy similares a las patentes). Hemos dicho teóricamente, puesto que todos sabemos que la realidad siempre acaba superando a la ficción.

Las prohibiciones absolutas vienen tasadas en el artículo 5 de la Ley de Marcas (LM) y abarcan de las letras a a la k del mismo. En esta edición de Atulawdo, en concreto, nos ocuparemos de los cuatro primeros apartados (letras de la a a la d). ¡Comencemos!

1. Artículo 5.1.a LM: Signos que no son conformes al artículo 4.1 L.M.: estamos ante la imposibilidad de registrar como marca aquellos signos que no cumplan con el concepto de marca expresado en el artículo 4, a saber “todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras”. Por tanto, para evaluar si el signo no incurre en esta primera prohibición debemos prestar atención a cuatro aspectos:

1.A. Que la marca constituya un signo. Este carácter de “signo” de la marca impide aceptar como tal, por ejemplo, aquel que pueda considerarse una mera propiedad o elemento de un producto, como su aspecto (solicitud internacional no 727.908, formada por representación esquemática de una pastilla de jabón).

1.B. Que sea susceptible de representación gráfica. De esta manera, se excluyen marcas olfativas, por ejemplo. En este respecto afirma la STJUE de 12 de Diciembre de 2002 que, para cumplir con el requisito de representación gráfica, ésta debe caracterizarse por “figuras, líneas o caracteres” y que la marca sea “clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva. Las marcas sonoras están admitidas en el artículo 4.2.e. LM siempre que la necesidad de representación gráfica se cumpla mediante pentagrama.

1.C. Signo con capacidad distintiva. Es decir, que sirva para diferenciar unos productos o servicios de otros.

1.D. La titularidad. La LM habla de “los productos o servicios de una empresa“, pero esto no implica excluir a las personas individuales o a otro tipo de personas jurídicas como las públicas.

2. Artículo 5.1.b LM: Signos que carezcan de carácter distintivo: Se prohíbe específicamente el registro de aquel signo que, como hemos visto en uno de los requisitos del art.4.1, no sirva para diferenciar unos productos o servicios de otros. De esta manera, hay una relación entre la prohibición del 5.1.a, la del 5.1.b y la del 5.1.c que veremos más adelante.

Pero, ¿qué debemos entender por carácter distintivo? El TJUE en el caso Audi AG contra la OAMI recuerda que “el carácter distintivo de una marca debe apreciarse, en particular, considerando la percepción que de ella tiene el público interesado en relación con los productos y servicios para los que se solicita el registro de aquélla“. Conviene concretar, también, que tanto la jurisprudencia como la doctrina apuntan:

2.A. Que el signo debe tener un mínimo de distintividad que debe ser el necesario y exigible para que la marca opere normalmente en el mercado. Por tanto, no se aceptarían los signos demasiado simples o demasiado complejos.

2.B. Que este carácter distintivo debe serlo respecto de los productos o servicios concretos solicitados.

2.C. Que un aspecto llamativo del signo o su carácter original no le confieren distintividad, puesto que la marca no tiene que ser necesariamente una creación.

En el marco de esta prohibición, podemos preguntarnos “¿qué pasa con los colores?” “¿cumple un color por sí solo con el requisito de carácter distintivo?” No hay ninguna prohibición expresa en la legislación, pero se trata sin duda de un tema controvertido por el que debemos acudir a la jurisprudencia. Así, la STS de 27 de marzo de 2006 aclara que “el color por sí solo carece normalmente de la propiedad inherente de distinguir los productos de una determinada empresa. No cabe excluir, sin embargo, que en circunstancias excepcionales un color por sí solo haya adquirido, como consecuencia de su uso continuado previo al registro, un carácter distintivo, principalmente cuando el número de productos o servicios para los que se solicita la marca es muy limitado y el mercado de referencia es muy específico“. En cuanto a las combinaciones de colores, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) en la Sentencia de 24 de junio de 2004 señala que los colores o combinaciones de colores pueden constituir una marca en la medida en que “se determine que, en el contexto en el que se emplean, tales colores o combinaciones de colores se presentan efectivamente como un signo y en la medida en que la solicitud de registro implique una disposición sistemática que asocie los colores de que se trata de manera predeterminada y permanente“.

3. Artículo 5.1.c LM: Signos que se compongan exclusivamente de otros signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características del producto o del servicio: esta enumeración es de carácter abierto y viene referida a denominaciones o gráficos que son necesarios para el tráfico mercantil y deben estar por tanto a disposición de todos los competidores del sector, evitándose así que recaiga un monopolio o uso exclusivo sobre uno de ellos, impidiendo a los competidores su uso en productos similares. Recordad que la prohibición se aplica cuando la marca consista en signos exclusivamente descriptivos. Veamos algunos ejemplos:

3.A. Especie: signos formados por la designación de la especie a la que pertenece el producto o servicio. Marca nº 2.310.805 “ciudad del ocio” para servicios de ocio.
3.B. Calidad: cuando se trata de las propiedades inherentes a un producto o servicio que hacen que se le pueda considerar mejor o peor al resto de su especie. Marca n° 2.734.963 “de lujo”.
3.C. Cantidad: los que indiquen cantidad, talla, volumen, peso o número. Marca nº 1.907.227 “grande”.
3.D. Destino: los constituidos por indicaciones que hacen referencia a la función del producto o a el modo de uso o consumición. Marca nº 2.350.756 “embellece tu peinado”.
3.E. Valor: aquellos que valoran el producto o servicio o que aluden a las unidades monetarias. Marca nº 2.567.121 “el auténtico”.
3.F. Época de obtención del producto o la prestación del servicio: banca 24 horas para servicios financieros.
3.G. Características del producto o servicio: se trata de una cláusula abierta para comprender otras marcas descriptivas no encuadradas en las categorías anteriores. Marca nº 2.268.158 “ganar en la red”.

4. Artículo 5.1.d LM: Signos que se compongan exclusivamente de otros signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales para designar los productos o los servicios en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio: estos signos, también llamados vulgarizados, son aquellos que en su día tuvieron fuerza distintiva aunque por difusión actualmente se utilizan para describir el género al que pertenece el producto. La ley exige para incurrir en esta prohibición que el signo esté constituido exclusivamente por signos habituales. Así, el TS en su sentencia de 10 de mayo de 1995, define estos signos como “término(s) de marcado carácter genérico que ha(n) llegado a adquirir propio sentido idiomático por su constante uso en múltiples aspectos y actividades intelectuales, comerciales e industriales, por lo que no (son) susceptible(s) de apropiación para su utilización en exclusiva“. Por ejemplo, se consideraría usual el término “botellín” para un envase de cerveza. Otro ejemplo lo encontramos en la STSJ Cataluña de 20 de junio de 2005, en la que “procede a entender que la marca controvertida, BIO LIGHT, dado el carácter genérico de ambos componentes, tanto de BIO como de LIGHT, carece de un componente que la individualice a partir del examen global del nuevo conjunto de nominativo en su totalidad“. Respecto de los signos redactados en una lengua extranjera, incurren en prohibición cuando el término es conocido por la generalidad del público consumidor, como ocurre en el caso anterior con la palabra “light”.

Para finalizar, apuntar que el propio artículo 5 LM establece en su apartado segundo una excepción a la aplicación de las prohibiciones contenidas en las letras b,c y d, cuando el signo en cuestión ha obtenido la distintividad adquirida como consecuencia de su uso previo en combinación con otra marca ya registrada. Y hasta aquí llega este primer examen a las prohibiciones absolutas contenidas en la Ley de Marcas, el cual continuaremos la próxima semana con las letras e a k del artículo 5.

Introducción a las prohibiciones de la Ley de Marcas

¿Cuál es el fin de las marcas? ¿Por qué es tan importante registrarlas? ¿De quién tenemos que protegernos? ¡De todos! Salvaguardar una marca tiene un objetivo doble: (i) otorgar al empresario un derecho de uso exclusivo de sus signos distintivos y (ii) cuidar de los consumidores, evitando que éstos puedan ser confundidos por las malas artes de la publicidad y el marketing y que, por lo tanto, puedan elegir libre y conscientemente. Sin embargo, ¿tenemos libertad para registrar cualquier signo susceptible de constituir una marca?

¡Aviso a navegantes! Este es un texto introductorio a las prohibiciones establecidas en la Ley 17/2001, de Marcas (LM), las cuales serán pormenorizadas en artículos posteriores y que nos servirá para ver a grandes rasgos los dos tipos de interdicciones previstos en la Ley y las principales diferencias entre ambos.

Volviendo a la cuestión arriba planteada: podríamos afirmar que, en principio, hay libertad para el empresario a la hora de elegir un determinado signo distintivo para los productos o servicios que coloca en el mercado. No obstante, esta libertad no es absoluta, dado que se establecen limitaciones que se concretan en prohibiciones, de entre las que la LM distingue entre absolutas (artículo 5 LM) y relativas (artículos 6 a 10 LM).

La diferencia principal entre ambas radica en que en que las absolutas afectan a signos que en sí mismos no merecen constituir derecho de marca por mandato expreso de la Ley, mientras que las relativas, por su parte, afectan a signos que en sí mismos pueden ser registrados pero que atentan o acarrean perjuicios a titulares de derechos anteriores como marcas ya registradas, la marca renombrada o el nombre civil.

La diferencia entre encontrarnos ante un caso u otro cobrará importante valor, al menos, en estos dos supuestos:
1) A la hora de contar los plazos para impugnar el registro de una marca: cinco años cuando la inscripción atenta contra una de las prohibiciones relativas e imprescriptible cuando ataca a una prohibición absoluta.
2) En el procedimiento de concesión: en el caso de las prohibiciones absolutas o en la relativa del artículo 9.1.b LM, se entrará a examinar de oficio si el signo incurre en alguna de ellas, lo que supone una garantía extra, porque además de notificar expresamente a aquellos posibles interesados sobre la existencia del procedimiento de concesión sobre un signo similar o parecido, se publicará en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI).

Por último, antes de pasar al listado concreto de prohibiciones, queremos apuntar que la razón del diferente tratamiento de las prohibiciones es la adaptación de nuestro sistema a los sistemas de los distintos Estados miembro de la Unión Europea y a la regulación de la Marca Comunitaria.

A grandes rasgos, las prohibiciones absolutas son:

– Aquellos signos que no sean conformes al art. 4.1 LM.
– Los que carezcan de carácter distintivo.
– Los signos vulgarizados.
– Los que sean contrarios a la Ley, el orden público o las buenas costumbres.
– Los que puedan inducir al público a error.
– Los signos contrarios al uso privativo que corresponde al Estado, CCAA, etc., sobre sus propios signos y los que reproduzcan o imiten el escudo, la bandera, las condecoraciones y otros emblemas.
– Los que no hayan sido autorizados por las autoridades competentes y deban ser denegados en virtud del artículo 6.ter del Convenio de la Unión de París (CUP).
– Los que incluyan insignias, emblemas o escudos diferentes de los contemplados en el artículo 6.ter del CUP y que sean de interés público.
– Los constituidos exclusivamente por la forma impuesta por la propia naturaleza del producto o para conseguir un resultado técnico que le otorgue un valor substancial al producto.
– El uso como marca de vinos y bebidas espirituosas con indicaciones de procedencia geográfica que no sean ciertas.

Por su parte, la Oficina Española de Patentes y Marcas distingue las prohibiciones relativas según:

– La existencia de riesgo de confusión.
– Atenten contra marcas y nombres comerciales notorios y renombrados registrados.
– Ataquen otros derechos anteriores.
– Eviten que un agente o representante registre en España la marca de los productos o servicios que distribuye en el territorio nacional. La conocida como “marca del agente”.

Estas dos categorías de prohibiciones que aquí vemos a vista de pájaro serán objeto de un estudio detallado en próximas ediciones, acompañadas con supuestos que pretenderán aclarar cada una de ellas. ¡Hasta la próxima!