Brexit, mejor sólo amigos

El Brexit está en boca de todos, y no es para menos. Preocupa, y mucho, que una de las potencias de la Unión Europea deje de ser estado miembro por temas tan variados como la economía, los mercados financieros, las operaciones comerciales, el flujo de personas y trabajadores, y así hasta casi un sinfín de cuestiones. El pasado 3 de junio de 2016 llamó mi atención una noticia publicada en el diario Expansion sobre las implicaciones que el desamor del Reino Unido con sus consortes comunitarios podría tener en el ámbito judicial y contractual. 

En primer lugar, se planteaba, en mi humilde opinión, un escenario un tanto oscuro sobre qué sucedería con los procedimientos judiciales que a día de hoy requieren del Reglamento Bruselas I bis (que sustituyó al Bruselas I desde 2015). Esta preocupación radica, según sus autores, en que dichos procedimientos internacionales se verían huérfanos de regulación comunitaria: los conflictos de competencia judicial o las ejecuciones de resoluciones judiciales quedarían fuera del paraguas idílico de la regulación armonizada y, en consecuencia, los regímenes jurídicos a los que atender serían de lo más variado (los británicos habrían de lidiar con 26 ordenamientos distintos, y eso sólo en cuanto a derecho internacional privado se refiere). 

Este aparente abismo judicial, en caso de que se produjera el incierto “divorcio”, podría sortearse con voluntad política y sentido común de una forma sencillísima. Convendría, simplemente, que Reino Unido se adhiriese el Convenio de Lugano de 2007. Para aquellos a quienes quizás les suene desconocido, este tratado internacional, de texto prácticamente idéntico al Reglamento Bruselas I (nótese que el Bruselas I bis es de 2012), es el que regula la competencia judicial internacional y el reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil entre los estados de la Unión Europea y Suiza, Noruega e Islandia. Es decir, que los británicos, en su nuevo status quo, y el resto de vecinos europeos, podrían valerse de una regulación uniforme manteniendo la seguridad jurídica de la que sus procedimientos gozaban hasta el momento.En cuanto a la cooperación judicial internacional, nos encontramos que los procedimientos judiciales tampoco sufrirían una alteración sustancial en su funcionamiento a la hora de solicitar auxilio de autoridades homólogas. Instrumentos como el Convenio de La Haya, de 18 de marzo de 1970, sobre la Obtención de Pruebas en el Extranjero en Materia Civil o Comercial, del cual es parte Reino Unido, serían los que automáticamente entrarían en funcionamiento y suplirían los Reglamentos Comunitarios sobre la materia. Piénsese que el contenido de las normas es de gran similitud y los jueces están (o deberían estar) acostumbrados a su manejo.

Un terreno más pantanoso sería el concerniente a la elección de Ley aplicable a los contratos internacionales, centrándome aquí en los civiles y comerciales. El sistema vigente en la Unión Europea, presidido por el Reglamento Roma I, dejaría de tener eficacia en caso de que el pueblo británico decidiese abandonar la Comunidad. En detrimento de ello, no existiría una norma que claramente pudiera sustituir este vacío legal, como sí sucedía en el caso de la competencia judicial internacional. Como sugerencia del que suscribe, sería un buen momento para convertir en normavinculante a los novedosos Principios sobre la elección de Derecho aplicable en materia de contratos comerciales internacionales, aprobados por la Conferencia de la Haya el 19 de marzo de 2015, y que cuentan con el beneplácito de UNCITRAL (Comisión de Derecho Mercantil de la Naciones Unidas) tras su cuadragésima octava sesión, llevada a cabo en Viena.

Por ahora, y ante la incertidumbre que lo que pueda acaecer próximamente, sería bueno adelantarse a eventuales problemas ajenos a las partes contratantes e incorporar al clausulado los referidos principios rectores de la Conferencia de La Haya. De esta forma se mantendría un régimen similar al del Reglamento Roma I y la Convención de México, sin necesidad de acudir a regulaciones ajenas a la voluntad de las partes.

Los anteriores puntos serían pinceladas de los frentes que se abrirían en caso de no encauzar la delicada relación. Ante situaciones adversas como un eventual Brexit, hay que buscar rápidas soluciones, sin lamentaciones banales, preservando los andares que solían hacerse, ni que fuera ya, tan solo, como amigos.

Antonio Rodríguez Martínez

Abogado en Jausas Legal y Tributario, SLP.

Cofundador de Moving Minds