Artículo 376 LSC; el liquidador judicial.

Conceptualmente, la liquidación es el estado en el que se encuentra una sociedad de capital una vez producida su disolución y hasta el momento en el que se extinga definitivamente, durante la cual se llevan a cabo una serie de operaciones, tanto jurídicas como materiales, con el objeto de satisfacer a los acreedores y de dividir el patrimonio resultante entre los socios.

En este último período de la vida de la empresa aparece en escena una figura principal, protagonista y artífice del “ajuste de cuentas” y quien, en definitiva, se encarga de que “todo quede bien atado” antes de que la sociedad pase a mejor vida: el liquidador (aunque dicho así, con voz ronca, suena a título de película de Stallone). Este cargo normalmente lo ostenta ni más ni menos que las mismas personas en su día (mal)encargadas de la administración de la empresa (¿paradójico, verdad?); y digo “normalmente” porque es aquí reside la problemática (si no, ¿de qué serviría este Blog?):

El artículo 376.1 LSC establece que, “salvo disposición contraria de los estatutos o, en su defecto, en caso de nombramiento de los liquidadores por la junta general de socios que acuerde la disolución de la sociedad, quienes fueren administradores al tiempo de la disolución de la sociedad quedarán convertidos en liquidadores”. Se prevé, pues, la conversión de los administradores en liquidadores salvo que hubiere un nombramiento estatutario o así lo decidiera la junta general por la que se acuerda la disolución. En este precepto, pensado para que no exista un “período transitorio” entre disolución y nombramiento de liquidadores que retrase las operaciones de liquidación, prima la autonomía de la voluntad y da la posibilidad de evitar la conversión de administradores en liquidadores en los supuestos en los que precisamente la disolución obedece a la negligencia de los aquéllos. Hasta aquí lo “normal”.

Sin embargo, cuando los estatutos no dicen nada al respecto, cuando no es posible proceder a la designación voluntaria de los administradores, por abandono o paralización de los órganos sociales y cuando, además, tampoco es conveniente que los administradores pasen a convertirse en liquidadores, ¿qué solución nos queda?

Parece lógico en estos casos solicitar el nombramiento de un liquidador judicial, pero esta posibilidad de designación inicial de liquidadores no está amparada por la LSC. No obstante, se han dado multitud de pronunciamientos que lo permiten. Así, la STS del 23 de junio de 2011, admite que “declarada por sentencia la disolución de la sociedad ante la imposibilidad de que los socios llegasen a tal acuerdo, no es posible imponer al administrador dimisionario la obligación de desempeñar el cargo de liquidador y, menos aún, la responsabilidad por las deudas sociales por no proceder a una liquidación para la que carecen de facultades”. Otro ejemplo lo encontramos en la STS de 11 de abril de 2011, que entiende admisible la designación judicial de los liquidadores en el supuesto especial de disolución por paralización de los órganos sociales, pues como se señala en dicha resolución, no hay razón estructural ni formal para sostener, o que permita entender, que la norma no sea aplicable a las causas de disolución del artículo 363.1.c LSC (la Sentencia argumenta en relación a los artículos 110.1 y 104.1.c LSRL, equivalentes al 376.1 y 363.1.c LSC, respectivamente). En este sentido resolvía también la STS de 30 mayo de 2007: “la aplicación del método analógico en el presente caso resulta clara. Existe un supuesto de hecho -el contemplado en el proceso- en el que, al no estimarse aplicable el art. 110.1 LSRL, se produce una laguna por falta de previsión legal específica. Hay una norma legal que se refiere a otros supuestos -fallecimiento o cese del liquidador-, que no coinciden con el que se enjuicia, pero con igualdad jurídica esencial -necesidad de nombramiento e inoperancia al respecto de la Junta General-. Y no existe disposición legal prohibitiva. Por ello, la decisión del juzgador “a quo” estimando la pretensión de designación judicial ex art. 110.3 LSRL es acertada”.

Por tanto y aunque el artículo 376 LSC no diga nada al respecto, cuando la junta no puede adoptar este acuerdo por la reseñada paralización, debe ser el tribunal que decreta la disolución el que a su vez nombre el liquidador, sin que ello suponga una infracción del citado precepto. De esta forma, y reproduciendo las palabras de la AP de Córdoba en su Sentencia del 2 de octubre de 2013, “la doctrina mercantilista siempre ha mantenido que, en defecto de nombramiento de liquidador por la junta general de una sociedad anónima o de responsabilidad limitada, y no obstante la falta de previsión, puede acudirse al juez para que nombre los liquidadores, dada la falta de voluntad social”. Posibilidad también admitida por la Dirección General de los Registros y del Notariado, por ejemplo, en su Resolución de 22 de septiembre de 2000, partiendo de la base de que la caracterización de las normas legales disolutorias y liquidatorias como normas de orden público, y la necesidad de concretar el derecho a la cuota de liquidación, así como la satisfacción de los intereses tutelados de los acreedores sociales, justifican sobradamente la intervención judicial.